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ETXERAT (24-2-2021). El preso político gasteiztarra Iñaki Arakama Mendia ha sido acercado desde la prisión de Sevilla (990 km) a la cárcel de Zaballa.
ETXERAT (22-2-2021). Las prisiones españolas permanecen blindadas desde hace casi un mes y todas la comunicaciones y traslados han sido suspendidas. Todo esto supone, tal y como hemos denunciado junto a otras 16 entidades del Estado español, un auténtico ataque a los derechos de los y las presas y su entorno.
Las conculcaciones de derechos no son, sin embargo, nuevas, vienen produciéndose desde que decretara el estado de alarma hace un año; desde entonces se han sucedido cierres perimetrales, suspensión de comunicaciones familiares y visitas en locutorio. Hay menores que no ven desde hace muchos meses a sus familiares directos presos en Francia y España; familiares mayores de edad que ya han desistido de hacerlo.
Los estados han optado por construir más cárceles dentro de las cárceles, cerrar a cal y canto las prisiones, algo que consideramos desproporcionado, teniendo en cuenta el nivel de contagios dentro y una manera de enfrentar la crisis que genera mucha tensión, cuando deberían haber tomado desde hacetiempo medidas para, en la medida que se pueda, aliviar la situación.
Los presos conforman un grupo de riesgo, y continúa pendiente de resolver con eficacia que se extreme su seguridad con la entrega de mascarillas adecuadas en número y calidad,así como la adopción de otras medidas sanitarias; prioridad de la vacunación también para los presos, al igual que a los funcionarios. En el caso del Estado francés, urge reabrir las UVF para las visitas familiares, y también proponemos test rápidos y gratuitos para los familiares al llegar a las prisiones.
Pero, sobre todo, insistimos en esta demanda, también mejoraría mucho la situación poner en libertad, de inmediato, tal y como recomendaron la ONU, la OMS, el Consejo de Europa, a muchos presos y presas por su derecho a la salud y a la vida:
•Hay 60 presos vascos en el Estado español que han cumplido ya las ¾ parte su condena.
•Hay 17 presos y presas con enfermedades graves e incurables.
•10 presos vascos tienen 70 o más años deedad y otros ocho presos tienen más de 65 años.
•53 presos y presas permanecen en prisión desde hace 20 o más años.
Para desbloquear la conculcación de derechos, exigir que se dejen de construir más cárceles dentro de las cárceles y pedir la libertad de los presos, el próximo viernes, último de mes, nos movilizaremos en las capitales, pueblos y barrios de EH. Llamamos a participar en las mismas.
Etxean eta bizirik nahi ditugu!
ETXERAT (19-2-2021). Las restricciones y dificultades añadidas en el contexto de la emergencia sanitaria para poder mantener las comunicaciones con nuestros familiares presos en el Estado francés están afectando de manera muy negativa, tanto a sus derechos , como a los derechos propios nuestros, los de los familiares.
Es conocido que en la actualidad la mayoría de presos y presas vascos en las prisiones francesas proceden de Hego Euskal Herria. En los casos de las presas que se encuentran encarceladas en las prisiones más lejanas, entorno de París, Rennes y Roanne, la pandemia ha dificultado y encarecido aún más los desplazamientos de los familiares, toda vez que las restricciones en el número de personas que pueden acceder a las visitas y la clausura de las UVF ha aumentado la incomunicación de los presos y presas. Muchos menores, hijos e hijas y familiares directos no puedan visitar a sus familiares directos.
Desde Etxerat queremos denunciar estas conculcaciones de derechos y llamamos asimismo la atención sobre la imposibilidad de que los familiares asuman el gasto de las PCR que se les exige para viajar en el Estado francés. Proponemos que a los familiares y allegados se les realicen pruebas rápidas gratuitas al llegar a las prisiones y la recuperación inmediata en condiciones sanitarias adecuadas de las UVF . Etxerat reitera asimismo que se ponga en libertad a los presos con enfermedades graves como Ibon Fernandez Iradi y Jon Gurutz Maiza, y de más de 65 años de edad, como Jon Kepa Parot y Jakes Esnal.
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En este contexto, el pasado miércoles, 17 de febrero, remitimos esta carta, tanto a la Defensora de Derechos, como a la Controladora de Prisiones:
A la atención de la Defensora de los Derechos:
A la atención de la Controladora General de lugares de privación de libertad:
En un contexto de pandemia global que afecta gravemente a la salud pública y a todos los sectores sociales, queremos llamarle la atención, como asociación de familiares que trabaja en favor de los derechos de los presos y presas vascas, en relación a algunas cuestiones que afectan de manera negativa a los derechos de nuestros familiares presos y a nosotros y nosotras mismas.
Buena parte de los presos y presas vascos en las prisiones francesas, como muy bien conoce, son originarios del País Vasco del sur, y sus familiares y amigos deben desplazarse cada semana desde su entorno natural, para poder realizar las visitas y mantener el vínculo familiar. Tanto estos familiares, como los de los presos vascos de nacionalidad francesa, padecen las dificultades añadidas a estos desplazamientos, derivadas de las medidas implementadas por la pandemia.
Las restricciones en el número de personas que pueden acceder a las visitas, así como la clausura de las “casitas” (UVF) en las que se hacen las visitas familiares, alegando motivos sanitarios, han motivado desde hace ya varios meses que muchos menores, hijos e hijas, y familiares directos no puedan visitar a sus familiares presos. Por otro lado, la obligatoriedad de hacerse y aportar una prueba PCR para poder circular por Francia, no hace sino incrementar notablemente los gastos económicos de las familias de los presos vascos, ya de por sí elevados.
Solicitamos tengan en cuenta esta reflexión y puedan contribuir a mejorar la situación de los familiares y los propios presos, adoptando iniciativas como:
- Realización de test rápidos y gratuitos en las llegadas a las prisiones, en lugar de los costosos PCR, cuya vigencia además queda obsoleta en casos de visitas para las que se requieren más de 24 horas de viaje.
- Reapertura inmediata, en condiciones sanitarias óptimas y de seguridad, de las “casitas” en las que poder recuperar las visitas familiares.
Y en este mismo contexto de respeto a los derechos de los presos vascos y sus familiares, les queremos alertar acerca de la situación de presos con enfermedades graves como Ibon Fernandez Iradi y Jon Gurutz Maiza, y de más de 65 años de edad, como Jon Kepa Parot y Jakes Esnal. Tal y como vienen recomendando organismos como la OMS o la ONU, más si cabe en este contexto de pandemia sanitaria, reclamamos su libertad.
ETXERAT (16-2-2021). APDHA, Salhaketa Nafarroa, Etxerat, Sare Herritarra, Esculca, Iridia, Oteando, Salhaketa Araba, Caxpou, ICA Ourense, ALAZ, Marcha Contra la Macrocárcel de Zuera, CAMPA, Federación Andaluza Enlace, ALA, Federación Provincial de Drogodependencias Liberación, CLS y AVV Arrebato han mostrado públicamente su preocupación sobre las últimas medidas con relación a la pandemia aprobadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este organismo recomendó,el pasado 2 de febrero, “blindar las prisiones contra la COVID-19” hasta al menos el próximo 18 de febrero, lo que supone, para estas 18 entidades de defensa de los derechos humanos “eliminar el único contacto cercano a lo físico que les quedaba a las personas presas desde hace casi un año”.
Apenas unos días más tarde del anuncio de esta recomendación, la mayoría de las cárceles dependientes del Ministerio del Interior han suspendido sus comunicaciones. Miles de personas llevan desde que comenzó la pandemia sin poder tocar a sus parejas, amigxs y familiares y viceversa, ya que desde el pasado marzo se suspendieron las comunicaciones especiales, es decir, todos los vis a vis íntimos y familiares, con alguna tímida reanudación que en seguida llegó a suprimirse nuevamente. Debido a las restricciones en las comunicaciones, Instituciones Penitenciarias ofreció “a cambio” un mayor tiempo para las llamadas telefónicas (pagando) y un nuevo sistema de videollamdas al objeto de sustituir este contacto.
Instituciones Penitenciarias informó -como dato muy positivo- que de marzo a mayo se habían realizado 54.000 videollamadas. Si se divide ese número de llamadas entre el número de presos y presas (descontando las de tercer grado), que son 33.500, la media resultante es de un 1,6 por persona presa. Es decir, una videollamada y media en dos meses. Además, a pesar de que las limitaciones en las comunicaciones se han extendido en el tiempo la utilización de las videollamadas como forma de suplir los contactos eliminados no se han mantenido en el tiempo para todas las personas presas y mucho menos las han ampliado.
El derecho a comunicar viene garantizado en la Constitución Española no sólo como expresión el art. 18.3, sino también y primordialmente del art. 25.2 CE pues este precepto constituye la norma específica aplicable a derechos fundamentales de las personas presas. Este derecho tiene una incidencia en el desarrollo de la personalidad de las personas presas y adquiere, por lo tanto, una gran importancia para el cumplimiento de las penas privativas de libertad. Gracias a las comunicaciones las personas presas no quedan reducidas únicamente al mundo carcelario y se les permite relacionarse con el exterior.
Desde el inicio de esta gestión numerosas asociaciones, y también diversos organismos internacionales, hemos exigido a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias la adopción de medidas tendentes a la excarcelación de personas presas como mejor forma, y más respetuosa con los derechos de las personas presas, para hacer frente a la COVID-19 dentro de las cárceles. La no implementación de medidas en este sentido está conllevando la adopción de medidas absolutamente restrictivas y perjudiciales para quienes están cumpliendo condena en el Estado español.
Las 18 entidades nos preguntamos, “¿qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones mediante cristales en los que en ningún momento hay un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas? ¿Qué riesgo real de contagio suponen las comunicaciones vis a vis en las que se permita un contacto directo entre las personas que van a visitar y las personas presas si se toman las mismas medidas preventivas que se han impuesto en la calle? Funcionarixs entran y salen diariamente a trabajar en las cárceles de todo el Estado. Y la Administración puede y debe adoptar todas las medidas para evitar el contagio entre el personal funcionario y las personas privadas de libertad”.
Sin embargo, adoptar una medida tan restrictiva como la suspensión de las comunicaciones, incluso por locutorios, “supone un ataque directo y brutal contra los derechos de las personas presas, incidiendo directamente en la salud mental de estas personas, así como dificultando su reinserción, en oposición con el mandato constitucional del artículo 25.2”.
Zaragoza, 16 de febrero de 2021
ETXERAT (15-2-2021). En libertad el preso político de Durango Oier Andueza Antxia. Ha abandonado esta mañana la cárcel de Basauri tras 20 años en prisión. ¡Bienvenido Oier! ¡Uno menos!
