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Artículo de opinión: "Preguntas, mentiras, dudas y certezas"

ETXERAT. El 4 de abril, el Ministro Zoido contestaba a la interpelación de EH Bildu sobre la situación de los presos vascos gravemente enfermos, asegurando que «en ningún caso los presos enfermos revisten gravedad para ser excarcelados».
 
El 12 de abril, las plataformas Oiertxo SOS y Bagoaz (dentro de la cual se encuentra Etxerat), y la red Sare, daban a conocer los últimos datos sobre la situación de Oier Gomez, uno de los presos políticos vascos que, para el Ministro de Interior, no deben ser excarcelados por no revestir gravedad. En enero, se le diagnosticó sarcoma de Ewin y pocas semanas después, metástasis en pelvis y cerebro. Es la segunda vez que Oier Gomez sufre de cáncer desde su ingreso en prisión. Los últimos resultados médicos, le dan una esperanza de vida de 6 meses.
 
Cáncer. Esclerosis múltiple. Espondilitis anquilosante. Afecciones cardiacas severas. Síndromes obsesivo compulsivos con riesgo de suicidio. Son algunas de las enfermedades que sufren 13 presos políticos vascos y a las que el Ministro de Interior, investido de autoridad médica por cuenta propia, ha desvestido de cualquier gravedad. Seguramente, las personas que en la calle sufren estas enfermedades, y sus familiares, que sufren con ellas, seanquienes mejor pueden juzgar el desprecio y la brutalidad que revela la aseveración de Zoido.
  
Semanas atrás y frente a la creciente presión social que reclama la excarcelación de los presos gravemente enfermos, el gobierno trató de blindar su  permanencia en prisión. Con este objetivo, se activó una nueva Instrucción de IIPP que recorta márgenes a la interpretación de la legislación, imponiendola más restrictiva. Es la que establece que los presos enfermos, sólo serán liberados cuando se sepa con “razonable certeza” que van a fallecer “en un plazo muy breve de tiempo”. Es la ostentación de la crueldad.
 
A raíz de la puesta en marcha de esta nueva Instrucción, el diario “El País” se felicitaba porque así se evitarían casos como el de Josu Uribetxebarria, que “tardó” 2 años y medio en morir. Un tiempo que, como ya quedó demostrado en su momento, resulta excesivo para todos los que se han arrogado el derecho de gestionar el sufrimiento. Y para todos los que sufren de tan mala memoria, que se olvidan de casos tan sangrantes como los de Rafael Vera y Rodríguez Galindo. ¿Qué grado de gravedad aplicaría el Ministro Zoido a la depresión y a la arritmia que sufrían respectivamente y que fueron motivo de su excarcelación? La pregunta es retórica. La respuesta ya la conocemos. Pero es bueno refrescar la memoria, porque para valorar en su justa medida lo que el gobierno español llama “absoluto respeto a la legalidad”, no sobra ninguna referencia.
 
La legislación penitenciaria, se maneja continuamente, para adaptarla en cada momento, a la medida que exige la venganza. De esta forma, el gobierno español, y con él los defensores a ultranza de la dispersión, se aseguran su escrupuloso respeto a la legalidad. Pero lo que es legal ha dejado de ser legítimo. El hecho de exigir que los presos políticos vascos gravemente enfermos agonicen antes de ser liberados, o el de celebrar que una nueva norma quiera garantizar que el sufrimiento de personas enfermas se llevará al extremo, sólo se puede admitir desde la complacencia en el ensañamiento.
 
El mismo día 4 de abril, EH Bildu interpelaba también al Gobierno español sobre uno de los accidentes causados por la dispersión. Tras una larga disertación en la que no oculta que la dispersión no es otra cosa que un instrumento de coacción, el gobierno español concluye: “no hay políticas que sean causantes de accidentes, por muy lamentables que estos sean, sino una realidad terrorista que mantiene a los familiares y allegados de los presos de ETA, como rehenes de quienes persisten en la defensa del ideario terrorista, que ha sustentado tantos años de injusto sufrimiento”.
 
Quizás deberíamos felicitarnos porque por primera vez, el gobierno español reconoce nuestra calidad de rehenes.Lo somos. De una política penitenciaria, defendida y ejecutada por los gobiernos español y francés, que nos obliga a desplazamientos que implican riesgos, que se saldan con víctimas, con muertes, con enfermedades físicas y psíquicas, con dolor, con sufrimiento. Del Gobierno español que nos persigue, criminaliza, detiene y procesa cuando considera que nuestra voz, se oye demasiado. Rehenes, cuando somos insultados, agredidos y apedreados. Cuando individuos que se identifican como policías, nos sacan a golpe de parachoques de la carretera y nuestra denuncia se archiva sin llegar siquiera a investigarse. Rehenes, cuando denunciamos graves vulneraciones de derechos y recibimos como única respuesta, que lo que tienen que hacer nuestros familiares, es arrepentirse. Ahora, insinúan, o mejor dicho afirman, que lo somos de nuestros familiares. No podíamos esperar menos de quién ha asegurado que los presos enfermos no revisten gravedad. Hace unos meses, para denegar el acercamiento de presas y presos vascos a Euskal Herria, la Audiencia Nacional utilizó el argumento casi contrario: es nuestra mala influencia, la que recomienda su alejamiento. Cuando se intenta justificar lo injustificable, se llega a caer en el esperpento.
 
Hay políticas penitenciarias causantes de accidentes. Hay políticas penitenciarias causantes de 16 víctimas mortales. Hay políticas penitenciarias que se renuevan a sí mismas para elevar el índice de sufrimiento. Hay políticas penitenciarias que exigen dolor y agonía. Y tras estas políticas, hay responsabilidades y hay responsables. ¿En qué ideario se sustenta la degradación de los derechos humanos a manos de quienes deberían garantizarlos?
 
*Este artículo de opinión firmado por Urtzi Errazkin, Patricia Velez, Naike Diez, Muriel Lucantis, Gloria Rekarte, Kepa Petralanda y Jorge García Sertutxa, en nombre de Etxerat, ha sido publicado el pasado 19 de abril en el diario "Gara".

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