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Reclamamos la puesta en libertad de Josu Urrutikoetxea para que sea atendido con garantías y dignidad de sus necesidades de salud en un entorno médico

ETXERAT (9-8-2019). Josu Urrutikoetxea fue detenido en un hospital francés en un momento en el que requería asistencia de urgencia. Desde que fuera encarcelado, su estado de salud ha empeorado, como consecuencia de que no ha recibido los cuidados que requiere.

Si se hubiera hecho caso a las recomendaciones realizadas al procurador, el pasado 16 de mayo de 2019 por parte del médico que había atendido a Josu Urrutikoetxea en el Hospital de Sallanches, Urrutikoetxea debía haber sido operado en un plazo nunca superior a 30 días.

El estado de salud de Josu Urrutikoetxea fue centro del debate cuando el ahora preso fue enviado a declarar ante el juez de libertades, el 17 de mayo de 2019. El citado juez, siguiendo la recomendación de los médicos, estableció que Josu Urrutikoetxea debía ser intervenido inmediatamente, al objeto de que su estado de salud pudiera ser compatible con su encarcelamiento.

Tres meses después de su detención y encarcelamiento queremos constatar que, tanto la administración penitenciaria, como los responsables judiciales son incapaces de garantizar los cuidados básicos que Josu Urrutikoetxea debe recibir.

Queremos denunciar tres negligencias en relación al caso de Josu Urrutikoetxea.

El pasado 16 de mayo desapareció su informe médico, desde que compareciera, por primera vez, en el Juzgado de Bonneville, hasta su posterior traslado al Juzgado de París. Los servicios médicos del centro penitenciario de La Santé han requerido muchas semanas para comenzar a rehacer el informe.

A Josu Urrutikoetxea le han anulado en dos ocasiones sendas operaciones de urgencia que requiere. El 15 de julio se suspendió «por razones de seguridad» la intervención programada por los servicios hospitalarios. Posteriormente, el 29 de julio, en este caso por un error de la administración penitenciaria, no se le intervino tal y como estaba previsto, ya que los servicios médicos de La Santé no habían gestionado adecuadamente el protocolo y no se le había administrado al preso el tratamiento antibiótico previo. En el análisis que le realizaran al llegar al hospital, los médicos le detectaron al preso una nueva infección.

El origen de esta doble infección estaría en la sonda urinaria que le debían haber retirado hace dos meses y medio, que Josu Urrutikoetxea sigue teniendo colocada tras su detención el 16 de mayo y que no se la podrán retirar hasta la intervención quirúrgica que requiere y espera desde el pasado 16 de mayo.

La tercera negligencia se refiere a que, tras varios días con fiebre, hasta el pasado 3 de agosto no fue trasladado a la enfermería de la prisión. Tuvo que esperar hasta el 5 de agosto para que le fuera administrado el antibiótico que requiere para hacer frente a la doble infección (la primera es un estafilococo y la segunda bacteria se desconoce por el momento) que padece.

Enviamos a la familia de Josu Urrutikoetxea toda nuestra solidaridad y llamamos a los agentes políticos, sociales y sindicales de Euskal Herria y del Estado francés a aunar esfuerzos para poner fin a una situación vulneradora de los derechos más elementales.

Etxerat entiende que no hay ninguna justificación que avale el proceder de las autoridades penitenciarias y judiciales, una actuación que está poniendo en peligro, voluntaria y conscientemente, la vida de una persona que está bajo su custodia y responsabilidad y que provoca sufrimiento físico y psíquico, tanto a él, como a todo su entorno afectivo y familiar.

Etxerat quiere hacer un llamamiento a la cordura y a la responsabilidad. El esfuerzo y el trabajo que desde hace años está desarrollando la sociedad vasca, sus agentes y sus instituciones, se dirige a superar viejos escenarios y actuaciones sustentadas en el chantaje y en la venganza.

Con suma preocupación por motivo de las negligencias que se han producido en el caso de Josu Urrutikoetxea, reclamamos su inmediata puesta en libertad bajo control judicial, tal y como deliberó el Tribunal de Apelación de París el pasado 19 de junio, al objeto de que pueda ser atendido con garantías y dignidad en un entorno hospitalario de las necesidades que requiere.

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