Familiares de los presos políticos en Atotxa

ETXERAT. El próximo 13 de enero, el Tribunal Supremo emitirá, por fin, la sentencia sobre el alargamiento ilegal de las penas. El 13 de enero, el próximo martes, se dirimirá si el Reino de España vuelve a tomar la vía de la "trampa legal", del escándalo jurídico y acaba, de nuevo, condenado por un Tribunal Europeo o si, por el contrario, empieza a crear las condiciones para ir eliminando todas las medidas de excepción que ha ido creando. Medidas que vulneran los derechos humanos. Medidas de venganza política.

Las personas que hoy nos hemos reunido aquí somos familiares o amigos directos de esos 56 ciudadanos vascos a los que afecta esta última trampa legal que el estado quiere llevar a cabo. Representamos a 56 familias. 56 vidas que el estado quiere encerrar como sea; pisoteando los derechos humanos o saltándose las leyes que haga falta. Como familiares o como amigos, a nivel personal nos destroza, nos rompe por dentro saber que los quieren mantener en la cárcel a pesar de que ya han cumplido su condena pero su actitud tampoco nos sorprende. Llueve sobre mojado ya que llevan toda una vida complicándonos nuestro día a día en todo lo que pueden. Pero esta vez si hay un cambio y es que el estado español no sólo pretende saltarse su propia ley y vulnerar los derechos humanos sino que, además, pretende saltarse también una normativa de Europa. Una norma que está obligado a cumplir.

A nosotros, esta espera, todos estos días, lo que nos están provocando es un cierto "deja vú". La sensación de que esto ya lo hemos vivido. Y es que esta nueva trampa a Europa, tiene cierto sabor a los teje-manejes que utilizaron también con la famosa doctrina 196/2006 y que acabaron con condena al Reino de España. La trayectoria del caso nos despierta muchas dudas y desconfianza. Sabemos que han reformado la ley con el único objetivo de impedir los efectos de una Decisión Marco Europea -que es vinculante para todos los estados de la UE-. Es decir han burlado la ley para conseguir sus espurios intereses políticos. Pero... ¿Por qué España actuó con tanta lentitud en la obligatoria incorporación a su ordenamiento normativo interno de una legislación europea que debía haber incorporado antes de agosto de 2010? En definitiva ¿Puede el legislador español desobedecer el mandado contenido en una Decisión Marco europea? No, no puede y si lo hace incumple el propio Derecho Europeo. ¿Tendremos otro escándalo jurídico el día 13 o se aplicará la ley con normalidad?

Es precisamente para terminar también con esta situación por lo que nosotros y nosotras acudiremos, también, a la movilización convocada en Bilbao para este sábado 10 de enero a las 17:30 de la tarde. Tenemos que acabar con la dispersión y con toda la legislación de excepción; tenemos que terminar, de una vez por todas, con esta vulneración continua de los derechos humanos que sufrimos. Tenemos. Entre todos y todas. Porque aquí ya no valen medias tintas ni posicionamientos políticos o partidistas. Hablamos de derechos humanos y hablamos de escándalos jurídicos.

Eskerrik asko!