ETXERAT (23-9-2021). Se han cumplido 20 años de la muerte de los soraluzetarras Iñaki Sáez y Asier Heriz en la carretera, un buen momento para recordar las razones de una cruel imposición. Sus muertes, al igual que las de las otras 14 víctimas mortales de la dispersión, pudieron haberse evitado, si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza y el castigo añadido. Ha llegado el momento de ofrecer reconocimiento oficial y reparación a las víctimas mortales que los largos años de excepcionalidad penitenciaria han provocado de forma directa e indirecta: en las últimas 6 décadas han perdido la vida en prisión 35 presos políticos vascos y 16 familiares y/o amigos de estos en las carreteras. Porque también ellas deben tener su lugar en el mapa de la memoria.

Memoria para todos y todas. Y junto a ello, respeto a los derechos humanos de unas y otras. Así lo ha expresado públicamente también Sare. Los Derechos Humanos no son parcelables y no se pueden defender unos y despreciar otros. En ese contexto se celebraron el pasado fin de semana las movilizaciones bajo el lema “No a la cadena perpetua. Derechos Humanos, convivencia y resolución” para pedir la desactivación de la ley 7/2003 que pretenden aplicar a 60 de nuestros familiares.

Frente a los intentos por desvirtuar, por enfangar e incluso criminalizar la defensa de los derechos humanos de las y los presos, queremos subrayar una vez más que seguiremos trabajando y añadimos la importancia que tiene la movilización social para que a los presos y presas vascas se les aplique la legislación ordinaria, que no se ponga freno al recorrido jurídico-penitenciario que están realizando. Que se respeten sus derechos. No a la cadena perpetua encubierta, no a mantenerl@s en prisión cuando una gran parte de ellos y ellas han cumplido las tres cuartas partes de su condena. Es su derecho y buena parte de ellos y ellas cumplen los requisitos para obtener permisos ordinarios, acceder a terceros grados y redenciones, y a salir en libertad.

Queremos incidir asimismo en que 113 -además de 21 en el Estado francés- del total de 198 presos y presas, se encuentran aún en prisiones de la periferia de EH y deben ser acercados a prisiones vascas.

Y deben quedar en libertad, asimismo, los 19 gravemente enfermos y los mayores de 65 años, en un contexto todavía muy difícil en las cárceles motivado por las restricciones y suspensión de comunicaciones ligadas a la pandemia. Las conculcaciones de derechos vuelven a cebarse en la población reclusa y sus familias. No sólo no se ha liberado a los presos más vulnerables. Más de año y medio después, las y los presos siguen sin poder mantener el vínculo familiar porque las autoridades penitenciarias, tal y como han relatado los presos vascos en El Dueso, mantienen protocolos propios de la situación de alarma, en un clima de psicosis sin sentido alguno a estas alturas. Ya es tiempo de aplicar criterios humanitarios en la política penitenciaria.

Etxera!