ETXERAT (13-6-2022). Nos trae hoy aquí una reflexión sobre el papel que está jugando la cárcel de Iruñea en el proceso de reintegración de los presos y presas vascas. Constatamos que mantiene una posición totalmente obstaculizadora en lo que se refiere a la facilitación de su recorrido jurídico-penitenciario. Pedimos a la dirección de la prisión de Iruñea que facilite la vía penitenciaria, deje de ser un obstáculo, respete los derechos de las y los presos y adopte posturas proactivas.

Etxerat y Sare observamos que los responsables de la cárcel de Iruñea siguen evitando la adopción de la más mínima actitud proactiva para que las y los presos vascos puedan acceder a permisos ordinarios o al 3er grado, tal y como les correspondería por ley. 

El total de los siete presos y presas vascas que actualmente se encuentran en esta prisión, han cumplido la mitad de la condena y, casi todos ellos, las tres cuartas partes de la misma. A diferencia de las prisiones de la CAV, la de Iruñea continúa estando gestionada por la administración penitenciaria estatal (SGIP). Como en otras cuestiones, al igual que también se observan retrocesos o falta de iniciativa en algunas otras prisiones periféricas, la dirección de Iruñea se obstina en una posición inmovilista, en una línea de actuación totalmente divergente con la que se mantiene en las prisiones gestionadas por el Gobierno Vasco. 

De forma sistemática la cárcel de Iruñea sigue sin acordar propuestas favorables ante cada petición de permisos por parte de los presos y presas, de forma que esos acuerdos denegatorios de permiso se hacen imposibles de revertir en el juzgado. En la cárcel de Iruñea no ha habido ni un solo preso que clasificado en 2º grado haya podido acceder y disfrutar de permisos a iniciativa de la cárcel. Por otro lado, quienes han estado o están en 3º grado accedieron al mismo en base a propuestas iniciadas por juntas de tratamiento de las cárceles de origen (Soria, El Dueso, Villabona). Esta cerrazón resulta tan insostenible que, de hecho, todos los presos y presas originarios de la CAV que fueron destinados a Iruñea inicialmente han acabado pidiendo el traslado a las prisiones de Araba y Gipuzkoa, porque en la cárcel navarra no tenían ninguna esperanza de progresar en la vía penitenciaria.

Lo hemos venido manifestando recientemente. Cada vez que se producen hechos o situaciones que obstaculizan o dificultan el camino de vuelta a casa al que los presos y presas vascas tienen derecho, lo vamos a denunciar de todas las maneras posibles a nuestro alcance ante la sociedad. Además, queremos aprovechar esta rueda de prensa de hoy para recordar que son aún 85 los presos y presas en cárceles de fuera de Euskal Herria. No cabe entender por qué no se termina de acabar de una vez por todas con la política de alejamiento y se traslada a los y las presas que faltan a su lugar de origen, tal y como dicta la ley. Ante esta situación, desde Sare y Etxerat queremos constatar que seguiremos trabajando como hasta ahora y no solo en lo referente al alejamiento, ya que, hoy por hoy, sigue habiendo presos con enfermedades graves e incurables en prisión, siguen en vigor leyes creadas para el alargamiento de condenas, casi perpetuas, y, como ya hemos comentado antes, seguimos encontrándonos con trabas para progresar al tercer grado o conseguir permisos.

Todo ello busca obstaculizar los pasos y los consensos que se están dando en este pueblo a favor de la convivencia y de la paz. Pedimos a la dirección de la prisión de Iruñea que facilite la vía penitenciaria, que deje de ser un obstáculo, respete los derechos de los presos y presas vascas y que adopte posturas proactivas. Porque no estamos hablando de beneficio alguno. Hablamos de acabar con la política de excepción y de que se aplique la ley ordinaria. Hablamos de derechos, tal y como recoge la ley. 

En este sentido, queremos recordar que el sábado, 18 de junio, la Red Ciudadana Sare ha organizado una manifestación bajo el lema Etxera bidea gertu! que recorrerá las calles de Iruñea, a las 18:00 desde el parque de la Insumisión, para pedir el fin de la política de excepción.